En un mundo que ya ha aprendido a convivir con lo insoportable, siempre aparece un nuevo umbral que creíamos imposible de cruzar. Esta vez, viene desde el parlamento de Israel, que ha aprobado una ley que permite imponer la pena de muerte a quienes sean condenados por “terrorismo”. La palabra parece jurídica, pero es profundamente política: elástica, ambigua, disponible para ser aplicada en un contexto donde la justicia no es igual para todos. Porque en los territorios ocupados, los palestinos no son juzgados bajo el mismo sistema que los ciudadanos israelíes. Son llevados ante tribunales militares, donde las garantías son más débiles, donde la defensa se reduce, donde la condena llega más fácil. Allí es donde esta ley encuentra su verdadero destinatario.

Y entonces la pregunta deja de ser abstracta. ¿De verdad estamos dispuestos a presenciar ejecuciones bajo la apariencia de legalidad? ¿A aceptar que el castigo máximo se convierta en regla en un sistema ya profundamente desigual? El problema no es solo la pena de muerte, es el terreno donde se aplica. Porque en ese mismo sistema, según organismos internacionales, cerca de 1.500 niños palestinos han sido arrestados desde 2023. Niños que pueden ser acusados de terrorismo, interrogados sin garantías plenas, procesados en tribunales militares. Niños que entran en una maquinaria jurídica que no fue diseñada para protegerlos, sino para controlarlos. La sola posibilidad de que ese circuito pueda desembocar en una condena a muerte debería bastar para encender todas las alarmas.

Pero lo más inquietante no es solo la ley, es la naturalidad con la que se instala. La forma en que se discute, se vota y se justifica como una medida más en medio de la guerra. Así avanza la barbarie: no siempre con estruendo, a veces con normas, con procedimientos, con discursos que la vuelven razonable. Y cuando creemos que ya hemos visto demasiado, el mundo vuelve a correrse un poco más hacia el abismo. Porque cuando una sociedad decide que puede clasificar vidas y asignarles distinto valor jurídico, lo que está en juego no es solo la vida de quienes serán condenados, sino la idea misma de humanidad.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo